domingo, 27 de noviembre de 2011

DENUNCIA SOBRE NUEVAS ACCIONES DE INTIMIDACIÓN POR PARTE DE LA POLICÍA NACIONAL (SENAFRONT) CONTRA EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL Y REVOLUCIONARIO DE PANAMÁ.

AQUI EN LA FOTO CON SUS PAPAS YANKEES COMO INSTRUCTORES MILITARES EN LA ACAPOL
























Ciudad Universitaria Octavio Méndez Pereira, 23 de noviembre de 2011.

Doctor
Gustavo García De Paredes
Rector Magnífico
Presidente
Consejo Académico
Universidad de Panamá

Respetado Señor Rector y Presidente del Consejo Académico:
Reciba un cordial saludo universitario, extensivo a todos los miembros de este prestigioso Consejo.
Nos dirigimos ante esta instancia de co-gobierno universitario, con el ánimo de denunciar, toda una serie de hechos, que se caracterizan como agresiones, abusos de autoridad e intimidación por parte de miembros del SERVICIO NACIONAL DE FRONTERAS Y DE LA DIJ, ambas instancias de Policía, de servicio en la Provincia de Darién, dirigidos a hostigar al Presidente del Centro de Estudiantes, a miembros de la Directiva y a estudiantes de la Extensión Universitaria de Darién, así como los representantes principal y suplente por parte de las Extensiones, ante este mismo Órgano de Gobierno.
Se han dado ya varias situaciones, en que miembros de la Fuerza Pública arriba mencionados, en claro exceso y abuso de sus funciones, se dan a la tarea de requisar estudiantes a la entrada y salida de la Extensión; a realizar careos e investigaciones no consignadas en ninguna diligencia judicial; a realizar interrogatorios en la vía pública y en las estaciones de policía y a llevar a cabo una labor de investigación y seguimiento, incluso en las residencias de los compañeros.

Todo esto lo han venido haciendo, como represalia hacia los estudiantes de la Extensión, hacia los miembros de nuestra Organización en dicha provincia y a los moradores, que vienen denunciando los actos de corrupción de las autoridades nacionales y de la provincia, por licitaciones o contratos de servicios, y obras públicas cobradas al Estado, pero que no han sido cumplidos; así como de irregularidades administrativas y por los eternos problemas con el Agua Potable, Red de Carreteras y otros servicios básicos. Como parte del Movimiento Estudiantil y Organización Social seguiremos exigiendo justicia, seguiremos fiscalizando los actos de los servidores públicos de la provincia y del País, como parte de nuestro deber y derecho como ciudadanos. Lo hicimos durante los anteriores gobiernos y lo seguiremos haciendo, basados en nuestro deber y derecho constitucional, así como en los principios de transparencia y de rendición de cuentas que deben imperar en los actos de los servidores públicos.
Solicitamos todo el respaldo de las autoridades universitarias y sus órganos de gobierno para elevar una unísona, voz de protesta, contra estos atropellos, ilegalidades y abusos por parte de quienes tienen el deber de “proteger y servir”, a los ciudadanos y moradores de una provincia tan golpeada por los problemas sociales. Solicitamos solidaridad para con la Comunidad Universitaria en dicha región y en particular hacia los dos estudiantes de la Extensión Universitaria de Darién, miembros principal y suplente de este mismo Consejo Académico.
Le reiteramos al Señor Rector, Presidente del Consejo Académico y a sus miembros, las seguridades de nuestra consideración y respeto.


Balbino Barrios
Miembro de la Dirección Política del BPU
Presidente del Centro de Estudiantes de la
Extensión Universitaria de Darién
Representante Estudiantil ante el
Consejo Académico de la Universidad de Panamá


Boris Sánchez
Miembro de la Dirección Política del BPU
Miembro de la Junta de Facultad de Humanidades
Representante Estudiantil ante el
Consejo Académico de la Universidad de Panamá

martes, 1 de noviembre de 2011

COMUNICADO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y NACIONAL (01/11/2011)





El Proyecto de Ley 349 de “Asociaciones Público-Privadas” (APP), suspendido en segundo debate en la Asamblea de Diputados, debido a la denuncia y movilización ciudadana de los últimos días y en particular por los trabajadores de la salud, constituye una amenaza latente para la población panameña, mientras permanezca en la corrupta y antipopular Asamblea de Diputados. Nuestra demanda, que coincide con la aspiración de un sinnúmero de Organizaciones y del Pueblo en general, es que sea retirado definitivamente.
Previo a un detallado exámen jurídico del texto y de un análisis comparado en la legislación y realidad de los países de Sur América (donde con algunas variantes viene aplicándose, trayendo como consecuencia multitudinarias manifestaciones que vienen dándose en esos países) concluimos seriamente, que esta nefasta iniciativa propuesta por el Poder Ejecutivo, quien representanta al empresariado y no a los trabajadores, pone en riesgo las instituciones públicas más sensitivas para los panameños, en áreas como la educación, la salud, sistemas viales (como carreteras y corredores), el agua y los servicios públicos aún no privatizados en nuestro país. Incluso cabe perfectamente la posibilidad, mediante este mecanismo híbrido, de apoderarse de uno de los bienes más apetecidos por ellos, como lo es el Canal de Panamá.
A través de mecanismos como la “tercerización”, “administración” o “concesión” (que es decir privatización pero con otras palabras), se permite que empresas, incluso extranjeras, tengan la posibilidad real de adquirir contratos para prestar toda clase de servicios, amparados en esta normativa, sin pagar un centavo pero corriendo el fisco (nosotros los contribuyentes) todos los riesgos en esos negocios.
La razón de ser fundamental del Estado, es garantizar eficientes servicios públicos respetando la Constitución y la voluntad popular y no al margen de ellas. Recordemos las consecuencias que sufrimos hoy por las privatizaciones que hizo el gobierno PRD de Pérez Balladares.
¡MENTIRRELLI BASTA DE LOCURAS!
¡RESPETEN EL DERECHO A LA VIDA, LA SALUD Y LA EDUCACIÓN DE NUESTRO PUEBLO!